Acabo de leer el número 108 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), fechado el jueves 8 de junio. Sí, de vez en cuando me da por esa paranoia, y con mayor interés cuando se trata de una resolución de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la misma que, hace ahora justo cuatro años, iba a limpiar Elías Bendodo (PP), entonces portavoz del Gobierno andaluz, y que se quedó en la nada. Bueno, en la nada no, porque quedó como una promesa rota más.

 

Pero a lo que iba. El citado BOJA acoge la convocatoria para el año 2023 de las subvenciones para la promoción del tejido asociativo –vulgo Peñas Flamencas y otras entidades divulgativas– del flamenco en Andalucía, finalizando el plazo –¡oído cocina!– a los quince días hábiles, es decir, antes de despedir el mes de junio.

 

Estas ayudas serán gestionadas, obviamente, por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y concedidas según los criterios de valoración (artísticos y técnicos) y los criterios cuantitativos que se acrediten con la documentación a presentar, siendo evaluados por el personal del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), dado que en un alarde de seguridad de transparencia política (admítase la ironía), ahora no cuentan con agentes externos conocedores de la realidad del tejido asociativo, por lo que las decisiones quedan en casa y ya no hay quien pueda añadir observaciones en los anexos del acta, con lo que la desprotección ciudadana ha generado desconfianza en el sector peñístico.

 

Esta exclusión despierta, por tanto, sospechas en el mundo de las peñas, que no se cortan un pelo en señalar cómo el IAF parece que se resiste a dar cuenta a la ciudadanía de sus actos, como si alguien no quisiera que se detectaran los casos de incompetencia, cuando, en sentido contrario, y salvo que preocupe relatar fielmente los expedientes y reconocer los errores o las malas praxis, tendrían que describir una tendencia hacia la accesibilidad a toda la información vinculada a la gestión pública y así establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos.

 

Pero señalado este desamparo, la falta de sensibilidad de la Administración autonómica está sometiendo a los precursores del flamenco base, a los defensores más rancios de nuestra identidad cultural para entendernos mejor, a una autovaloración ante la cumplimentación de los requisitos y la ulterior comparación de solicitudes presentadas, toda vez que el gran problema que hace que la mayoría no presente la solicitud, dimana del engorroso procedimiento administrativo.

 

Las Peñas Flamencas –a qué nos vamos a engañar– no están preparadas, en su generalidad, para presentar la solicitud únicamente por medios telemáticos a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEA), como lo confirma el que las pioneras, con más de medio siglo de vida y que viven de las aportaciones de los socios, no acuden a estas ayudas, y sí, por el contrario, aquellas otras nuevas entidades que, con directivos con formación académica, les basta con justificar en un plis plas el desarrollo de actividades de divulgación y promoción del arte jondo para lograr la subvención. Ah, y si la asociación es de mujeres, te lo ponen como a Fernando VII.

 

 

«El diario oficial de la Junta de Andalucía no tiene tiempo para aplicar de una manera justa la igualdad, para la voluntad de vivir de centenares de asociaciones que, por unas migajas, callan tímidamente ante la singularidad de la cultura que propugnan y la imprevisibilidad del futuro que les aguarda»

 

 

Esta medida implementada por la consejería cuyo titular es Arturo Bernal es una nueva patología propia de la rutina despótica que afecta a los intereses del colectivo en general y que, por ello, no les garantiza la estabilidad y la subsistencia, lo que podría desembocar en una de las problemáticas sociales más importantes y devastadoras del siglo XXI: su desaparición.

 

Y es que el sistema es, al decir de una empresa de Asesoría Laboral, como la facturación municipal impuesta por la ministra de Hacienda del Gobierno de España, la sevillana María Jesús Montero (PSOE), que hay que hacerla a través de Facturae (Gestión de Facturación Electrónica 3.4), una aplicación informática compleja, mal definida, ineficiente, difícil de manejar, agobiante y problemática.

 

Pero tras el problema reseñado viene la sorpresa, que asoma cuando en el BOJA se cuantifica la cantidad subvencionada. Agárrense que vienen curvas, porque la dotación económica global máxima es de 65.000 euros, es decir, la misma cuantía que en 2013. Seguimos como estábamos. En diez años no hemos avanzado nada, y gracias a la Junta de Andalucía, un total de 327 Peñas Flamencas y una larga treintena de asociaciones no cesarán en extender en cada proyecto un ERE de extinción de la población flamenca.

 

Así es como la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la comunidad autónoma andaluza asume el compromiso de proteger, estudiar y difundir este arte. Pero los indicadores para medir la desigualdad dicen que sólo se ofrecen insignificancias frente a la propaganda que el mismo BOJA recoge, tal que el fraude que nos vendió el PSOE de que la Unesco el 16 de noviembre de 2010 incluyera al Flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, o apelar al sempiterno artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que atribuye, con carácter general, «la competencia exclusiva en materia de cultura y la proyección internacional de la cultura andaluza, estableciendo asimismo que le compete con carácter exclusivo la competencia en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión».

 

La Junta de Andalucía, a qué ocultarlo, se aprovecha del relevo generacional de un colectivo que, a diario, se ve abocado a reinventarse en labores para las que no está capacitado, de un tejido asociativo al que se le priva de sus derechos cuando que se ve seriamente afectado por las exiguas subvenciones de las veleidades políticas y, para rematar el mal de amores, a una Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía que tiene una deuda con la Hacienda pública que supera los 300.000 euros.

 

Las Peñas Flamencas, no obstante, hacen el amor con la Junta de Andalucía, pero ésta las olvida desde antes de acostarse. Ella duerme para soñar con el postureo de los artistas que, sin pudor, copulan con los de un lado y los de enfrente. El diario oficial de la Junta de Andalucía no tiene tiempo para aplicar de una manera justa la igualdad, para la voluntad de vivir de centenares de asociaciones que, por unas migajas, callan tímidamente ante la singularidad de la cultura que propugnan y la imprevisibilidad del futuro que les aguarda. El BOJA no quiere a las Peñas Flamencas –con mayúsculas, por favor– porque quienes dictan las publicaciones y las leyes desconocen la precariedad de estos aficionados de a pie sin continuidad asegurada.

 

Imagen superior: actuación en la Peña Flamenca Cantes Al Aire, Sevilla. Foto: perezventana 

 

 

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