Hay en España noventa y tres tablaos que dan trabajo al 95 por ciento de los artistas. Y con el enorme esfuerzo que han hecho y cómo se han lamido las heridas durante la pandemia, resulta que el Gobierno de España mira a la contradicción camuflada. Las ayudas han sido inexistentes. A lo más que ha llegado el social-comunismo es a ocultar nuestras señas de identidad con acciones performáticas y apostando, sobre todo, por lo que el Ayuntamiento de Sevilla ahora llama flamenco alternativo, un bodrio acotado a ejes temáticos delimitados y abierto a múltiples lecturas tan cercanas al flamenco como ajenas a lo jondo.

 

Sin quitar la vista a la Villa y Corte, el jueves pasado el Congreso de los Diputados ratificó el decreto ley de la reforma laboral gracias al diputado sobrante del PP por Cáceres, Alberto Casero, y merced a la cacicada de la presidenta de la Cámara Baja, la ínclita Meritxell Batet, al impedir corregir el desliz informático, con lo que la democracia en España toca fondo con una ley que, al decir de la empresaria de un tablao sevillano, va a hacer desaparecer los contratos por obra y servicio, de lo que se deduce que a ver cómo se va a contratar a los artistas, pues los obligarán a hacerse autónomos o correrán los contratos en negro sin papeles, sin cotizaciones.

 

Pero si miramos de Despeñaperros para abajo, entramos este 2022 en Andalucía en el cuarto año de una legislatura que está acabada. Hace unos días se estaban suspendiendo eventos que dependen de la Junta de Andalucía, y las dos últimas leyes de la XI Legislatura se van a tramitar por la vía de urgencia. Huele, por tanto, a anticipo de elecciones autonómicas sin que el Gobierno del Cambio haya entendido que el flamenco es cuestión de cantera, a la que hay que promocionar, y no de cartera, que bien repleta la tienen quienes abrevan en los chiringuitos políticos.

 

 

«Huele a anticipo de elecciones autonómicas sin que el Gobierno del Cambio haya entendido que el flamenco es cuestión de cantera, a la que hay que promocionar, y no de cartera, que bien repleta la tienen quienes abrevan en los chiringuitos políticos»

 

 

A lomos de una tortuga cabalgan los cambios en la política cultural de la Junta de Andalucía. Buena prueba es el anteproyecto de la Ley del Flamenco, que ha nacido con las quejas justificadas de asociaciones de artistas, gestores y peñistas, ya que no contó para su redacción con las alegaciones del sector, y sí, en cambio, con los miembros del Consejo Asesor, tan próximos al PSOE que su designación aún sigue provocando una profunda irritación en los afiliados al PP, que ven cómo están haciendo el canelo. 

 

Treinta y seis años de régimen socialista no han sido suficientes para los peperos de un Gobierno del Cambio que, a mayor decepción, han rozado lo grotesco ante la vergonzante ratificación de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del despido nulo “por motivos ideológicos” a María Ángeles Carrasco, la exdirectora del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), lo que me trae a la memoria aquellos tiempos en que se endurecían los diques institucionales, entre el que explota y el que es explotado.

 

El Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón a Carrasco. El magistrado llegó a la conclusión de que habiéndose extinguido en marzo de 2019 la “relación laboral especial de personal directivo que unía a las partes” desde el año 2010, la trabajadora, cuya afiliación al PSOE era conocida, tenía derecho a reanudar su relación laboral común de interinidad como directora de la unidad de coordinación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), y la Junta no podía optar por la indemnización.

 

Pero como en este país los políticos creen que los impuestos que pagamos son para apadrinar parásitos, María Ángeles Carrasco, en contra de su voluntad, ha estado cobrando unos 45.000 euros al año de sueldo en su casa, confortablemente pero llena de rabia al no poder justificarlo por no tener lugar de trabajo dónde ejercerlo.

 

 

«Los cachés de los mariachis están al alza. En cambio, los de los no consagrados no dan ni para pagar el recibo de la luz. Se ha faltado, pues, al escrúpulo social»

 

 

Si yo fuera el presidente Juanma Moreno estaría preocupado ante la política cultural de Patricia del Pozo en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a la que se le reclama revisar las bases reguladoras y los criterios de las convocatorias, situarlos a la altura de las políticas culturales europeas, y poner en valor el emprendimiento, la innovación, la investigación, la formación, los talentos emergentes y los nuevos circuitos, amén de aumentar la dotación presupuestaria para un sector tan estratégico para nuestro PIB.

 

Lo que sí cambió de parte, porque así interesaba a la AAIICC, fueron los criterios para la dirección del IAF, en tanto que seguimos a la espera de quien dirija el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que necesita tanta cabeza como medios.

 

Del Pozo está, pues, en su ecosistema. No ha consolidado su liderazgo porque vive en el metaverso de los universos alternos –más en Patrimonio que en Cultura–, y con unos empleados colocados a dedo por el PSOE que restan fuerza y frenan la igualdad, con lo que está rodeada de islotes de simulaciones menos por un istmo llamada Mar Sánchez Estrella, que es la que manda y la que dejará el cargo sobrada de sensación de fiasco flamenco.

 

Como no eludo mojarme –ni con los de antes, que me pusieron en cabeza de agravios por cumplir, ni con los de ahora–, y estoy alejado de lo políticamente correcto, digo sin rodeos que Del Pozo ha ensanchado las diferencias sociales distribuyendo de manera desigual los recursos y con naderías para ir tirando.

 

Los cachés de los mariachis están al alza. En cambio, los de los no consagrados no dan ni para pagar el recibo de la luz. Se ha faltado, pues, al escrúpulo social. No es sociable hacer favores a las figuras con el dinero de los demás y salir en la foto para perpetuarse. La política no es cuestión de fuegos artificiales, sino de gestión, y de estar pegados al terreno en todo momento para conocer las almas rotas que han quedado en el camino abandonadas por la pandemia.

 

Alguien dirá qué sentido tiene preocuparse por las penurias ajenas, que no son sino contratiempos para los intereses del columnista. Y yo les digo: mucho. Es en la realidad donde se gana el poder o donde se puede perder. Pero para que las cosas cambien, hay que hacer cambios. La gente –y así lo denunciamos con el PSOE y ahora con el PP– quiere igualdad de oportunidades e inclinar la balanza a favor de los más necesitados.

 

Mis deseos han fracasado. Persiste el estancamiento en el flamenco institucional. Patricia del Pozo sufre desgaste. No ha visto en esta legislatura los problemas antes de entrar en la zona de riesgo. Necesita descansar del estrés, relajarse y hacer autocrítica. Deja heridas abiertas por casi todos los lados. Ha descatalogado el término Jondo porque no es una negociadora de garantías para el clasicismo. Tampoco lo es para dar alternativas a la investigación. Y qué decir del flamenco en la escuela. O del desapego al orgullo identitario, tan visiblemente herido. Está perdida por esos flancos. Está voluntariamente conectada al nido de hipócritas de la AAIICC y el IAF. Antes del verano llegarán las elecciones autonómicas. Los perdedores no gustan a nadie.

 

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